Columna de opinión – Diario ADN
9 de julio de 2025
En Antioquia, como en otras regiones del país, se está produciendo una recomposición demográfica: la población infantil está disminuyendo, y con ello se esperaría una reducción paulatina en la matrícula escolar. Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja y preocupante. Entre 2019 y 2023, la matrícula en los niveles de primaria, secundaria y media cayó un 4%, mientras que la población entre los 6 y 16 años —edad escolar correspondiente— se redujo solo un 1,8%. Esta brecha del 2,2% sugiere que algo más que el cambio poblacional está afectando la cobertura del sistema educativo.
La tasa de cobertura, que en 2019 era del 97%, cayó al 95% en 2023, y las cifras preliminares para 2025, según la Lupa para la Educación de Antioquia (LEA) de Proantioquia, apuntan a una caída hasta el 90%, el nivel más bajo desde que se tienen cifras oficiales del Ministerio de Educación Nacional en 2018.
Esta tendencia no solo contradice los avances históricos en ampliación del acceso a la educación, sino que plantea retos importantes. La disminución es especialmente evidente en las zonas urbanas (con una caída neta del 4,8%) y en primaria y secundaria; mientras que el área rural y el nivel de media muestran incrementos positivos.
La situación varía también según las subregiones: mientras que en Oriente y el Valle de Aburrá la matrícula se ha mantenido estable o ha aumentado levemente, otras como el Norte y el Suroeste han sufrido retrocesos significativos (10,1% y 8,8%, respectivamente). Si el fenómeno fuera exclusivamente demográfico, los efectos serían más homogéneos. Esto nos lleva a una pregunta de fondo: ¿estamos midiendo bien la población o estamos dejando de garantizar el acceso y la permanencia en la escuela?
No tenemos respuestas concluyentes. Lo que sí está claro es que estos datos deben ser el punto de partida para una investigación liderada por las autoridades educativas locales, quienes pueden identificar más fácilmente las causas territoriales del fenómeno. ¿Se trata de migración, desinterés, falta de acompañamiento institucional? Solo con diagnósticos precisos se podrán diseñar respuestas efectivas antes de que la exclusión educativa se convierta en una mayor crisis silenciosa.
La educación es un derecho, que en el momento que las personas no pueden acceder, les estamos negando oportunidades para su futuro. Y garantizarlo es tarea de todos: Estado, familias, docentes, instituciones. En un contexto donde los desafíos sociales y económicos se multiplican, dejar a niños y niñas por fuera del sistema educativo no puede ser una opción. ¿Qué vamos a hacer para revertir esta tendencia? ¿Y qué están haciendo los gobiernos locales y departamental para responder a tiempo?