Desde inicios de 2025, el programa ha realizado seguimiento a los principales problemas públicos identificados como prioridades para Antioquia, a partir de los Informes de Calidad de Vida. Este ejercicio ha permitido monitorear la evolución de dichos desafíos, analizar sus tendencias recientes y reconocer las brechas persistentes que afectan la calidad de vida de la población en las distintas subregiones del departamento.
En este contexto, se presenta la edición 2026 de Retos de Antioquia, cuyo propósito es dar continuidad al seguimiento de los retos previamente priorizados e incorporar nuevos desafíos que emergen de las transformaciones sociales, demográficas, económicas y ambientales del territorio.
En primer lugar, es imperativo desarticular las finanzas y la capacidad operativa del crimen organizado, golpeando estratégicamente las rentas ilícitas que oxigenan su poder. Sin embargo, la estrategia de control debe ir acompañada de una transformación territorial: se requiere generar alternativas de desarrollo sostenible en las zonas vulnerables, permitiendo que las economías lícitas compitan y desplacen a las ilegales como opción de vida digna.
Resulta urgente cerrar la brecha de legitimidad entre el Estado y la ciudadanía. Esto implica fortalecer el tejido comunitario y garantizar un acceso real a la justicia que reduzca la impunidad. Solo integrando control territorial, inversión social y fortalecimiento institucional será posible transitar hacia una seguridad integral y sostenible, donde la convivencia y la protección sean derechos efectivos en todos los rincones de Antioquia.
Es necesario para Antioquia un sistema de información que permita estimar el número de tamizajes realizados a infantes en un año, tal como existe en Medellín. Sólo de esta forma se puede identificar si el aumento en la desnutrición es por mayores condiciones de vulnerabilidad o por un mejoramiento en la detección de los casos.
Si bien el acceso al derecho a la salud se encuentra en entredicho de forma cada vez más frecuente en el país, Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la problemática, desde aumento en los días de atención hasta históricos en tutelas y reclamos, son muestra de la necesidad de intervenciones locales que busquen mitigar los efectos de la crisis nacional en la calidad de vida de los habitantes del territorio.
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2022, el 55% de las personas manifestó no sentirse preparado económica y financieramente para enfrentar la vejez. Además, un 38% de las personas consideran que los servicios de cuidado que vaya a necesitar durante su vejez deben ser asumidos por las familias, mientras que un 31% no lo ha pensado.
La no participación en el mercado laboral responde a múltiples factores, que incluyen tanto limitaciones estructurales —como la escasez de oportunidades laborales o la desconexión entre la oferta y la demanda de trabajo— como condiciones personales y cargas de cuidado presentes en los hogares.
En este contexto, para 2024 se identificaron 158.170 personas que no participaron en el mercado laboral pese a manifestar su disposición a trabajar; de este grupo, el 71% eran mujeres y el 67% se encontraba dedicado a oficios del hogar. De lograrse la integración efectiva de estas personas al mercado laboral, la tasa de participación podría aumentar hasta 78,1% para los hombres y 55,6% para las mujeres, reduciendo parcialmente las brechas existentes.
El gran desafío para Antioquia es transitar de economías locales basadas en el “rebusque” hacia esquemas productivos más formales, lo cual exige políticas diferenciadas por subregión, fortalecimiento empresarial, acompañamiento a los trabajadores independientes y una estrategia clara de formalización que vaya más allá del cumplimiento normativo y aborde las condiciones reales de productividad y acceso a ingresos estables.
Para lograr la reducción en las brechas en términos de educación superior, es necesario dar un mayor fortalecimiento a la formación técnica y tecnológica no solo a nivel departamental sino también a nivel subregional, ya que este tipo de formación también es una opción educativa pertinente, alineada con las necesidades del mercado laboral.
Asimismo, es importante impulsar una mayor articulación entre las diferentes instituciones educativas, el sector empresarial y entidades públicas como el SENA, que garanticen la formación profesional necesaria, además de socializar e implementar programas educativos con más componentes prácticos y rutas claras de inserción laboral y continuidad hacia la educación universitaria.
Desde 2019, tal como se había presentado en el Informe de Calidad de Vida de Antioquia Cómo Vamos 2024, la matrícula escolar en el departamento antioqueño mantiene una tendencia decreciente que no ha logrado revertirse tras seis años de la pandemia del COVID-19.
Aunque entre 2019 y 2025 la población entre 5 y 16 años se redujo en 5,4% según proyecciones del DANE, la matrícula total cayó en mayor proporción, siendo edel 12,3%, lo que implica una variación neta negativa de 6,9 p.p. Esta reducción se observa en todas las subregiones, pero es más marcada en Bajo Cauca, la cual fue del 24,4%, seguida de Magdalena Medio con el 22,1% y Nordeste 20,6%.
Los eventos de origen natural en el departamento dejan visible las desigualdades territoriales existentes frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, dado que son los municipios con mayores condiciones de amenaza a desastres naturales y vulnerables al cambio climático, los que no cuentan con las capacidades necesarias para enfrentarlos.
En 2024, en Antioquia se dispusieron más de 1.619.540 toneladas de residuos sólidos, siendo la gran mayoría en rellenos sanitarios y en una menor cantidad en celdas transitorias y botaderos a cielo abierto. Sin embargo, para diciembre de 2024, el 43% de los municipios dependen de sitios de disposición final con una vida útil entre 3 a 6 años, y únicamente el 16% cuenta con sitios de disposición final con una vida útil mayor a 9 años.