Durante el 2024, desde Antioquia Cómo Vamos tuvimos un liderazgo importante en términos de agenda pública e incidencia, posicionando temas como el control territorial por parte de los grupos armados en el departamento, temas asociados a la migración, la inseguridad alimentaria y a la autonomía económica de las mujeres. De esta manera, fuimos insumo clave para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental.
Para 2025, de cara al segundo año del actual periodo de gobierno, desde el programa realizamos seguimiento al avance de los problemas públicos identificados a partir del análisis de calidad de vida de Antioquia.
Actualmente, los indicadores laborales y educativos de Antioquia reflejan que por fuera del Valle de Aburrá el mercado laboral es precario, y que el sistema educativo aún no recupera el nivel de asistencia que se tenía antes de la pandemia y unas trayectorias educativas exitosas. Si las deficiencias de estos sectores no se atienden con acciones contundentes será difícil lograr el desarrollo futuro que se espera en las subregiones.
Diversas fuentes confirman que más del 20% de los hogares en Antioquia se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa (grave). Urabá y Bajo Cauca contienen los municipios con mayor inseguridad alimentaria severa. Adicionalmente, las brechas entre zonas rurales y urbanas no son significativas, lo cual invita a reflexionar en torno al funcionamiento de los sistemas agroalimentarios en el departamento.
Antioquia es uno de los departamentos con mayor presencia y expansión de estructuras armadas ilegales, que actualmente tienen injerencia en al menos el 86% de sus municipios. Las disputas por el control territorial y las rentas ilícitas, como la minería ilegal, el micro y narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes, entre otras, generan cada año más de 20 mil víctimas de desplazamiento forzado, más de mil víctimas de confinamiento, y decenas de casos de desaparición forzada, secuestros, reclutamiento de menores, asesinatos de líderes sociales y excombatientes, además de otros hechos victimizantes contra la población civil.
La autonomía fiscal de los municipios implica acciones que aumenten los recursos tributarios propios, así como una mayor participación de los recursos de la nación. Los principales tributos a nivel municipal son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Un aumento en el recaudo implica por un lado esfuerzo fiscal por parte de los municipios con auditorías e incentivos, pero además la actualización catastral y la actualización y digitalización de la base tributaria de comercio para el impuesto de industria y comercio.
Entre el 2020 y el 2024, por Antioquia pasó el 78% de las personas en tránsito migratorio irregular de todo el país (956.423 migrantes), de acuerdo con Migración Colombia.