Columna de opinión
Escrita por Mónica Ospina, directora de Medellín y Antioquia Cómo Vamos para el Diario ADN
26 de noviembre de 2025
Que Antioquia registre la tercera tasa más alta de notificaciones por presunta Violencia Basada en Género (VBG) e Intrafamiliar (VIF) entre los departamentos más poblados del país, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), no es solo un dato estadístico, es una señal de alerta que nos obliga a revisar profundamente la cultura violenta y patriarcal que persiste en nuestra sociedad y que afecta en un 91% a mujeres, niños y niñas.
En 2025, se detectaron en Antioquia 20.823 casos asociados a estos tipos de violencia, marcando un incremento del 22% respecto a 2024. Este panorama nos aleja de cumplir la Agenda 2030 de la ONU: la meta busca reducir la violencia intrafamiliar a una tasa de 209,6 casos por cada 100 mil habitantes, pero Antioquia cerró el año con 299,5. Al revisar los últimos ocho años, no se observa una disminución que permita ser optimistas sobre el cumplimiento de esta meta.
Las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema. Miles de mujeres no denuncian por miedo, desconfianza institucional, desconocimiento de los canales, o más preocupante aún, porque la violencia ha sido normalizada en sus entornos.
La cifra invisible podría ser al menos cinco veces mayor que la oficial: mientras SIVIGILA reporta un promedio de 20 mil casos al año, las encuestas permiten estimar que solo en 2024 más de 110 mil mujeres habrían autorreportado este tipo de violencias. Es decir, por cada caso identificado, podría haber al menos cuatro más que permanecen invisibles.
No estamos ante un problema únicamente institucional o estadístico, sino, también ante un problema cultural. Combatirlo exige más que políticas públicas: requiere una sociedad con corresponsabilidad que hable, proteja, acompañe y denuncie.